[ Links ], Aguirrezabal Grunstein, Maite (2011): “La imparcialidad del dictamen pericial como elemento del debido proceso”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a07.pdf No olvidemos, el marco general, establecido en nuestro nuevo proceso penal, con relación a las medidas cautelares que restringen derechos fundamentales, por el Artículo 253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice: “La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente … 59En palabras de O´Donnell (2007), p. 428: “El principio de igualdad se aplica no sólo al desarrollo de los procesos, sino también al acceso a la justicia”. 80No obsta a esta conclusión el que la Contraloría haya sostenido en el dictamen 22.655, de 13 de abril de 2011, que “el cumplimiento eficaz del contradictorio en el probatorio, dependerá, entre otras medidas, de que el inculpado pueda presenciar la producción de la prueba en el proceso, lo que dada la naturaleza de las declaraciones de testigos, requiere de su observación en el momento en que éstas se presten. 101El inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses”. El Pacto, por su parte, establece en su artículo 14.1, seguramente en la formulación más precisa de este derecho fundamental, que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”. Ninguna de estas tres limitaciones, que intentan equilibrar el éxito de la investigación con el derecho a la publicidad del proceso para el afectado, encuentran acogida en el ámbito administrativo disciplinario. años, fueron enviados a la cárcel de Palmasola preventivamente por tener en su [Visitado el: 13 de noviembre de 2014]. 371-378. [ Links ], Montero, Diana, y Salazar, Alonso (2013): “Derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Montero, Diana, y Salazar, Alonso, Derecho penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Isolma), pp. 73Obando (1999), p. 1, explica que la característica básica del sistema acusatorio es la división de funciones de acusar, defensa y fallo en órganos diferentes e independientes entre sí. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es Teléfonos: 591-(2)2482040 - 591-(2)2495304 257-274, pues incluyen en el debido proceso el derecho a la revisión judicial por un tribunal superior, y excluyen los derechos a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas y a la publicidad de los actos jurisdiccionales, los que ubican en el derecho a la tutela judicial. [Visitado el: 11 de Julio de 2016]. [ Links ], Leal M., Álvaro (1966): Teoría del proceso civil (las instituciones procesales), segunda edición (Bogotá, Tercer Mundo). . ser puestos a disposición del Ministerio Público. En general, resulta posible sostener que esos derechos fundamentales irradian sus efectos sobre la configuración y aplicación de todos los órganos y procedimientos a través de los cuales se ejerce jurisdicción. . El derecho fundamental a la publicidad del proceso en los procedimientos disciplinarios. 139Artículo 41, inciso cuarto de la Ley Nº 19.880, de 2003. La Contraloría extiende también el derecho a la motivación a las resoluciones que se pronuncien sobre los recursos de reposición y apelación143. 136Así lo expresa en el considerando décimo segundo de la sentencia recaída en la causa rol 2898-2015, de 21 de julio de 2016. La historia del método científico revela que el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia.Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primacía de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. Por último, es efectivo que el Tribunal Constitucional ha sostenido que “el hecho de que el investigador que formula cargos tenga asimismo la facultad de dirigir la producción de la prueba no repugna, por sí solo, la racionalidad o la justicia de un proceso o de la investigación que le precede”84. La Contraloría ha justificado el secreto del sumario al afirmar que, si bien “tiene como uno de sus sustentos básicos el asegurar el éxito de la investigación y el resguardo del debido proceso, como se expresa en el referido oficio Nº 0639, del presente año, tal privacidad también posee como uno de sus fundamentos esenciales el resguardar la honra y el respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos que se investigan, toda vez que las conclusiones a que se llegue en dicho proceso sólo quedan a firme una vez que éste se encuentre totalmente tramitado”. De otra parte, sin embargo, esta misma linealidad pretendidamente ascendente, no haría sino evidenciar las discontinuidades de la temporalidad en la historia, en tanto que sus vínculos se establecen, necesariamente, entre rupturas temporales, signadas por los grandes hitos. Veamos algunos ejemplos. Esta última afirmación es evidentemente discutible, pero su análisis excede los objetivos de la presente investigación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha establecido que la prueba debe producirse bajo contradicción. El primero de ellos es definido sobre genéricas exigencias de objetividad y probidad46. 105-109. 27Esta denominación deriva del artículo 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución chilena (1980). (Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, decimoséptima edición, febrero de 2004). Diario Oficial, 5 de diciembre de 1986. Dado el encarecimiento de estas últimas y los deseos de los consumidores de asegurarse un tipo estable, están cobrando fuerza como alternativa las hipotecas mixtas, que combinan buen precio y estabilidad durante un tiempo, según Villén. 79Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de 1989. 17, Nº 2), pp. [ Links ], Castagnola, Andrea (2010): “La diversidad institucional de los poderes judiciales provinciales en Argentina desde una perspectiva histórica” en: Postdata, Buenos Aires (Vol.15, Nº 2, jul.-dic. Desde un punto de vista histórico, el derecho fundamental a la independencia consiste en que el juzgador no sea influenciado o controlado por el gobierno al momento de resolver los casos sometidos a su decisión37. . Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. De este modo, y en virtud de una decisión político jurídica expresa, este derecho fundamental se aplica a los procedimientos administrativos a través de los cuales se pretende determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. El derecho fundamental a la igualdad procesal garantiza, en palabras del Comité de Derechos Humanos, “los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna”58. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mémoli c. Argentina (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 22 de agosto de 2013. Sin embargo, parece que la estrategia de las entidades financieras de abaratar las hipotecas variables [para aprovechar la subida del euríbor] y endurecer las fijas, que vivieron su apogeo años atrás, cuando los bancos las desenterraron para contrarrestar los efectos de un euríbor en terreno negativo y asegurarse así los ingresos, está teniendo efecto. En suma, el derecho fundamental a la igualdad de las partes, bajo su dimensión de igualdad de medios procesales, exige, entre otros elementos, que las partes cuenten con iguales posibilidades para formular sus pretensiones y alegaciones y para probarlas, como así también que, en virtud de los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción, cuenten con iguales oportunidades para desvirtuar las alegaciones y para confrontar la prueba presentada en su contra durante el desarrollo del proceso. operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía y se logró encontrar a Jurisprudencia constitucional chilena, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la parte que indica del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en el marco de los recursos de casación en la forma y en el fondo rol Nº 12874-2015 de la Corte Suprema (2016): Tribunal Constitucional de Chile, de 21 de julio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol 2898-2016). En concreto, y para el ámbito no penal, los derechos incluidos en el derecho fundamental al debido proceso son los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, (2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad de los actos procesales, (5) derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una sentencia motivada24. [ Links ], Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950). Así lo evidencia la nutrida jurisprudencia administrativa, la que se ha pronunciado reiteradamente sobre la dilación de los procesos disciplinarios. 5.2. Correo electrónico: [email protected], Frontis de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz luego del incendio de ayer. Ahora bien, conviene destacar que lo esencial en el derecho al juez equitativo es que el juzgador cuente con las cualidades de independencia e imparcialidad, las que por cierto no deben ser confundidas34. Jurisprudencia administrativa chilena, Contraloría General de la República, dictamen 86.579, de 30 de noviembre de 2016. Desde esta perspectiva el concepto de parte debe ser entendido en un sentido más amplio como cada uno de aquellos intervinientes en el proceso que sostienen una determinada posición frente a quien debe resolver el caso. [Visitado el: 29 de junio de 2016]. Este diseño repugna, por lo demás, a las exigencias establecidas en el Derecho comparado para poder utilizar las pruebas producidas durante la etapa de investigación o instrucción82. contra los investigados, entre ellas, equipos y objetos pertenecientes a la Sólo el Comité de Derechos Humanos aparece en algún grado desalineado de la perspectiva que acaba de explicarse, al negar uno de los derechos incluidos en el derecho al debido proceso a los funcionarios públicos. 129Artículo 120, incisos tercero y siguientes, en el caso de la investigación sumaria, y artículos 129 y 131 a 136, en el caso del sumario administrativo, de la Ley Nº 18.834 (1989). 25Como explica O´Donnell (2007), p. 375, “el vocablo juez natural es empleado como sinónimo de tribunal competente”. La apuesta de los bancos por las hipotecas variables provocó que el tipo de interés al inicio fuera en octubre del 2,03% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,74% en el caso de las de tipo fijo. Nada de esto caracteriza el ejercicio del cargo por parte del jefe superior de la institución, del Secretario Regional Ministerial o del Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, que habitualmente son funcionarios de exclusiva confianza del Gobierno de turno. De este modo, la excesiva demora en la sustanciación de un proceso sumarial no afectará su validez, pero puede originar la responsabilidad administrativa de quienes ocasionaron ese retraso. De otro lado, la actuación de las autoridades en las que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayan intervenido50. Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y aún sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar la investigación por el sendero que se ha trazado a fin de comprobar los hechos que cree verdaderos, sino también a fallar en definitiva conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde la instrucción del sumario” (Código de Procedimiento Penal de Chile, mensaje presidencial del 31 de diciembre de 1894). ... En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas 137. Esto significa, en palabras de Hunter, que “el proceso debe articularse como una balanza equilibrada de posibilidades de acción y defensa, para uno u otro litigante”61. Desafío modernizador de algunas jurisdicciones especiales”, en Navarro Beltrán, Enrique (ed.). De esta manera, implícitamente exige una motivación tanto en cuanto a los hechos como respecto del Derecho. Sólo una vez que los procesos disciplinarios se encuentran totalmente tramitados, los documentos que les sirvan de sustento pierden la connotación de secretos y les resulta aplicable el principio de publicidad, pudiendo los interesados acceder al mismo. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v38n2/art06.pdf Ensayo Contradicción de Tesis 351-2014 de la SCJN by bernardo-535080 in Orphan Interests > Government. 65Entre el principio de igualdad de las partes en el proceso y el principio de bilateralidad de la audiencia existen una relación cercana. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122011000200004&lng=es&nrm=iso [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 26 de septiembre de 2006. Key words: Fundamental Rights; Due Process of Law; Public Servant’s Disciplinary Responsibility. Con todo, la jurisprudencia ha declarado inconstitucional la sanción aplicada en el contexto de un procedimiento disciplinario si el jefe superior del servicio que la dictó no es imparcial51. [ Links ], Constitución Política de la República de Chile (1980). (1980). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068 La segunda se refiere a si tales procedimientos administrativos son respetuosos de esas mismas exigencias. 109“El proceso penal debe ser público”, ordena el artículo 8.5 de la Convención Americana. [Visitado el: 19 de junio de 2017]. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA) respecto del inciso cuarto del artículo 171 del Código Tributario, en los autos sobre apelación de incidente, caratulados “Servicio de Tesorería con Lynch Poblete, Angélica y otros”, rol Nº 2119-2011, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema (2013): Tribunal Constitucional de Chile, 2 de mayo de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2259-2012). [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 72.396, de 10 de septiembre de 2015. (1978). Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, segunda edición (Santiago de Chile, Oficina Regional para América Latina y El Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos). Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa”. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2639 En efecto, el fiscal o el investigador se encuentran inevitablemente comprometidos con el resultado de su propia investigación. 82En este sentido se pueden citar las consolidadas doctrinas del Tribunal Constitucional español y de la Corte Suprema de Estados Unidos, que si bien se refieren al ámbito penal, resultan aplicables al ámbito administrativo disciplinario. En Selección de decisiones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo, volumen 4, Naciones Unidas, 2004, pp. son sindicados de ocho delitos. No obstante, respecto del funcionario afectado el secreto se ampara en el éxito de la investigación. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein c. Perú, (Fondo reparaciones y costas), sentencia de 6 de febrero de 2001. Ver Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol Nº 905-2015 protección, sentencia de 4 de mayo de 2015, especialmente voto de minoría. Vol. Disponible en: Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2014/CP32727TEXTUAL.pdf Derecho fundamental a una sentencia motivada, 6.1. . [Visitado el: 28 de junio de 2016]. A partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno y de las normas legales del país, resulta posible sostener una respuesta afirmativa. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. La razonabilidad del plazo de enjuiciamiento no puede ser evaluada sino en relación con el caso concreto. 2.2. En el tercer y último apartado se ofrecen las conclusiones, en las que se evidencia que, pese a ciertos aportes de la Ley Nº 19.880, los mencionados procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran todavía muy lejos de las exigencias que derivan del derecho fundamental al debido proceso. 32El artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución chilena textualmente dispone: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Esto no se debe, como se ha visto, a la actividad del legislador, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República que ha precisado el significado de una resolución motivada y ha declarado arbitrarios e ilegítimos los actos administrativos que no satisfacen aquellas exigencias. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-96012010000200002 128La Contraloría General de la República también ha rechazado aplicar el decaimiento del acto administrativo, aunque hayan transcurrido muchos años desde el inicio del procedimiento disciplinario sin que se hubiere resuelto el caso. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 25.627, de 13 de mayo de 2010. Las subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación están enfriando poco a poco el efervescente mercado hipotecario. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es. 20Al respecto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) en su Observación General Nº 32, párrafo 17, ha sostenido que “no se consideran derechos u obligaciones de carácter civil cuando las personas son sometidas a medidas adoptadas en su contra en cuanto personas subordinadas a un nivel alto de control administrativo, como en el caso de las medidas disciplinarias que no equivalen a sanciones penales tomadas contra un funcionario público”. Algunos de los debates más importantes en la historia del método … Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.doc Tal justificación no parece admisible, si se tiene en cuenta que incluso en el ámbito penal la reserva tiene una duración limitada respecto del imputado, debe extenderse a piezas determinadas y puede siempre ser objeto de control judicial118. Pues bien, como llegue a indicarte en un video anterior, la vía es un presupuesto procesal es decir independiente a que el demandado haga valer esta excepción, el juzgador debe estudiar su procedencia, esto puede incluso suceder en cualquier … 38En este sentido, Fernández (2004), p. 114. 3.2. Por otra parte, y en contraste con aquel contenido, se explicitan las falencias iusfundamentales de la regulación del sumario administrativo y de la investigación sumaria regulados en la Ley Nº 18.834. Como se puede evidenciar en el presente caso se vulneraron los derechos fundamentales a FUNDERSOCIAL, al debido proceso administrativo, derecho de defensa, derecho de contradicción de la pruebas, principio de legalidad entre otros amparados por el artículo 29 de la Constitución nacional. 135Justificando esta interpretación, la Corte Interamericana en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78, precisa que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Esta noción no es, sin embargo, del todo acertada desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Metalúrgica Vergara Hermanos Limitada . Disponible en: Disponible en: https://www.law.cornell.edu/supct/html/02-9410.ZO.html Judicial: jcmpal05mzl@notificacionesrj.gov.co. [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2009): “El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno”, en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Nº XXXIII, segundo semestre de 2009), pp. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987): Opinión consultiva OC 9/87. No obstante, la Convención Americana las menciona todas30 y la Corte Interamericana ha sostenido que constituye un principio básico del proceso justo31. La revisión de los supuestos de estas metodologías puede resultar fértil para aquellas investigaciones que las utilicen para el análisis de los imaginarios urbanos, ya que transfieren de manera implícita- al campo de los imaginarios ideas que pueden entrar en contradicción con el sentido profundo del pensamiento constructivista y con los imaginarios mismos. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3272 [Visitado el: 11 de julio de 2016]. El autor (p. 323) incluye en el derecho a la tutela judicial (a) el derecho de acceso a la justicia, (b) el derecho a que el tribunal resuelva sus pretensiones conforme a derecho, (c) el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, y (d) el derecho al recurso legalmente previsto. 46El artículo 11 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”. [Visitado el: 25 de abril de 2012]. 20 años de la Constitución chilena. 95Artículo 19, número 3, inciso segundo. [ Links ], Maier, Julio B. J. En similar sentido, Tribunal Constitucional rol 747-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando quinto, que a su turno transcribe la sentencia recaída en la causa rol 478-2006, de 8 de agosto de 2006. No obstante, por aplicación supletoria del inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880 puede actuar con dicha asistencia cualquiera sea la calidad en que se solicite su declaración101. En efecto, el inculpado es aquel funcionario que aparece involucrado en los hechos y que puede ser responsable administrativamente de eventuales infracciones disciplinarias70. Éstos, junto a otros factores (3), han supuesto que se relegue la actividad ganadera al desempeño de un papel secundario, cuando no marginal, en el conjunto de las estrategias económicas … 43En efecto, el artículo 134 de la Ley Nº 18.334, de 1989, inciso primero, dispone que el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales descentralizados, según corresponda, “resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso”. 101-127. 33-76. que fueron encontrados en poder de ambos sujetos. 123Así lo sostuvo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia recaída en la causa rol 3066-2016, de 6 de junio de 2016, considerando 6°; y en la sentencia rol 3067-2016, de 6 de junio de 2016, considerando 6°. Al respecto la Corte Interamericana ha declarado que “se debe tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”124. Por supuesto, descubrir la sabiduría del otro requiere humildad por parte del educador. El problema, más bien, se vincula con la legitimidad de la sanción estatal. La doctrina jurisprudencial española, iniciada en la STC 31/1981, de 28 de julio, sostiene “que sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral. . En consecuencia, la inobservancia de los plazos no afecta la regularidad de las actuaciones del procedimiento131. 3Artículo 6.1 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 1 de 2004): pp. 19Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 16. . Por lo demás, la publicidad de los actos de los órganos del Estado resulta esencial para la adecuada protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos111, y de ahí su centralidad en la configuración de un proceso debido. 42Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia (1992), párrafo 7.2. [ Links ], Pfeffer Urquiaga, Emilio (1985): Derecho constitucional (Santiago de Chile, Ediar ConoSur), tomo I. 64Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 7. 35Una idea que parece orientarse en la misma dirección expresan García y Contreras (2013), pp. Por último, porque a nivel constitucional y legal chilenos se ha optado por someter los procedimientos administrativos disciplinarios al derecho fundamental al debido proceso, según se ha visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la regulación de la Ley Nº 18.834. (1999): Derecho procesal penal (Buenos Aires, Ediciones Del Puerto, segunda edición, primera reimpresión), Tomo I. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3271 Con todo, el alcance de ambas fórmulas semánticas debe entenderse referida al mismo bien. La cuestión, por cierto, no consiste en rechazar la aplicación de medidas disciplinarias a quien incumple sus deberes funcionarios. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es 106Es efectivo que el Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo noveno, ha sostenido que el plazo de cinco días para presentar descargos y ofrecer prueba no es contrario al debido proceso. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Constitucional c. Perú, (Fondo reparaciones y costas), sentencia de 31 de enero de 2001. Ante ello, ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y No obstante, no es el procedimiento el que decae, sino el acto administrativo, y en ningún caso por el transcurso del tiempo. trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para Agrega, igualmente, que en el caso de la resolución que aplica una medida disciplinaria debe enunciar en forma precisa las infracciones por las cuales se le castiga y el modo en que se acredita la responsabilidad del funcionario en esos hechos142. Resulta posible sostener que la Constitución chilena acoge el mismo derecho fundamental al otorgar a toda persona la igual protección en el ejercicio de sus derechos55. Con licencia ¿Qué son los valores espirituales? [ Links ], Navarro Beltrán, Enrique (2014): “Bases constitucionales del principio de transparencia”, en Revista de Derecho Público, Universidad de Chile (vol. [ Links ], Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2007): “Los principios estructurales del Derecho administrativo chileno: un estudio comparativo”, en: Revista de Derecho, Universidad de Concepción, Nº 221-222, año LXXV (enero-diciembre 2007), pp. 10, supl. [ Links ], Compañía Eléctrica de Litoral S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles (2010): Corte Suprema, sentencia de 20 de octubre de 2010 (apelación de recurso de reclamación. Una conclusión a priori, que se desprende de esta aparente contradicción, es que aún nos resta mucho por conocer sobre el complejo entramado que rodea a los Poderes Judiciales de América Latina. En tercer lugar, no existe obligación legal de informar al inculpado sobre su derecho a contar con asistencia letrada. El juez sumariante adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. Disponible en: Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6695 I. El derecho fundamental al debido proceso y los procedimientos disciplinarios. Además de reconocer su relación sustancial con el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos96, ha sostenido que la defensa técnica no se limita a la accesibilidad inicial a un medio de defensa, sino que se ha de manifestar en todos los estadios del procedimiento97. 102Contraloría General de la República, dictamen Nº 24.733, de 21 de abril de 2011. Especial), pp. Por último, el máximo tribunal del país sostuvo que cuando en materia penal el juzgador decide de propia iniciativa disponer una determinada diligencia, lo que hace en realidad es suplir la insuficiente exposición del persecutor y/o de la defensa, de modo que se entromete en el debido desarrollo del proceso quebrando el principio de contradicción y, de paso, afectando su … La Paz, 27 de diciembre de 2022 (ANF).- A casi dos años del anuncio de la mentada reforma judicial en Bolivia, organizaciones de víctimas del sistema penal y activistas no advierten cambios en favor de la población litigante, por el contrario, observan falta de capacidad de los funcionarios y el aumento generalizado de la impunidad y la corrupción. 2. 74No resulta posible sostener que los procedimientos administrativos disciplinarios responden al modelo inquisitivo, sino sólo que se asemejan al procedimiento inquisitivo. 99-121. El derecho fundamental a una sentencia motivada no se contempla directamente en los instrumentos internacionales a que se ha venido aludiendo, ni en la Constitución chilena. Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. Esto significa que la prueba se ha producido sin que el inculpado haya podido controvertirla al momento de producirse, lo que constituye una infracción al principio de contradicción80. Pero para evidenciar la estupidez y la contradicción que vive el Gobierno de Biden, recordemos todos los actos, todas las acciones en las cuales ha participado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y otros diputados, en conversaciones con el Gobierno de Biden, recordemos todas las acciones, todas las conductas exhibidas por el … . Pues bien, y siguiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos, la prueba debe ser producida respetando el principio de contradicción (o cláusula de confrontación, en la terminología anglosajona) por cuanto aquél refleja un juicio acerca de cómo la credibilidad de la prueba puede ser mejor determinada”68. 3) En cuanto al derecho fundamental a la defensa, los procedimientos administrativos disciplinarios lo reconocen de manera muy debilitada. Aquella reserva decae de manera progresiva para el funcionario afectado y para terceros. Derecho fundamental a la publicidad del proceso, 4.1. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Inversiones Alce S.A. respecto del artículo 115, inciso 1° del Código Tributario, en los autos sobre reclamación Tributaria, caratulados “Inversiones Alce S.A. con Servicio de Impuestos Internos”, del que conoce el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco, bajo el rol Nº 10057 (2012): Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 11 de diciembre de 2012 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 2041-2011). Por último, conviene explicitar la relación que existe entre el derecho fundamental a la igualdad de medios procesales y los principios de bilateralidad de la audiencia65 y de contradicción66. . Así, por ejemplo, la Declaración Universal y el Pacto enfatizan la igualdad de toda persona ante los tribunales53, mientras la Convención Americana pone el acento en la igualdad en el proceso penal54. Siguiendo a Bordalí, son todos aquellos derechos del ámbito procesal, excluidos los que constituyen el derecho a la tutela judicial23. Disponible en: Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372011000200009 Al respecto ha precisado que “la motivación y fundamentación de las sentencias es connatural a la jurisdicción” y que su omisión vulnera el derecho fundamental al racional y justo procedimiento136. 4.2. Así lo ha entendido también la Contraloría, reconociendo la aplicación, en el ámbito disciplinario, del derecho a la defensa jurídica. 34Bordalí (2009), p. 281, precisa que “la independencia se relaciona con la doctrina de la separación de poderes y con la autonomía para juzgar de todo juez dentro de la estructura judicial interna. Por el contrario, se aleja un tanto de la propuesta de García y Contreras (2013), pp. [Visitado el: 30 de junio de 2016]. El influjo ejercido por las corrientes positivistas fue aquí clave. En definitiva, los procedimientos administrativos disciplinarios deben respetar el derecho fundamental al debido proceso por exigirlo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y expresas normas chilenas de jerarquía legal22. Por su parte la Constitución chilena, pese a ser posterior a todos esos instrumentos internacionales, sólo menciona dos de esos requisitos: que el juez esté determinado por ley y con anterioridad al hecho que debe enjuiciar32. 31La Corte Interamericana en el caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 143, implícitamente se refiere en los siguientes términos a las exigencias de un juzgador equitativo: “El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso”. La Ley Nº 18.575 extiende el derecho fundamental al debido proceso de manera específica a los procedimientos administrativos disciplinarios al establecer: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”17. De un lado, el derecho al tiempo y a los medios necesarios para preparar la defensa86. 55Artículo 19, número 3, inciso primero de la Constitución chilena. [Visitado el: 27 de septiembre de 2016]. La bilateralidad de la audiencia es condición de posibilidad de la igualdad de medios procesales, porque exige otorgar a la contraparte la posibilidad de oponerse a los hechos y pruebas presentados en su contra67. Mediante este contraste se podrá evaluar la regulación ofrecida por el Derecho chileno, desde la perspectiva del respeto de los derechos que permiten configurar el proceso debido. 114La referencia al “interés de la justicia” es el supuesto establecido en el artículo 8.5 de la Convención Americana para excepcionar la aplicación del principio de publicidad del proceso contenido en la misma disposición. De este modo, su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo130. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad presentado por María Isabel Reyes Kokish, respecto del inciso tercero del artículo 551; inciso segundo del artículo 539; inciso segundo del artículo 541; inciso segundo del artículo 539 (sic); artículos 536, 537 y 542; número 4° del artículo 544; artículos 557 y 558; todos del Código Orgánico de Tribunales, en la causa Antecedentes del pleno rol Nº 1920-2006 ad, seguida ante el ministro en visita don Juan Escobar Zepeda (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 747-2007). Conviene destacar que, pese a tratarse de una ley relativamente reciente, no se entregan más precisiones sobre el alcance de la fundamentación que se exige. 70La Ley Nº 18.834, de 1989 utiliza la expresión inculpado para referirse al afectado por el procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el artículo 120 relativo a la investigación sumaria y en el artículo 126 en relación con el sumario administrativo. 4. El Comité de Derechos Humanos, en una interpretación referida al ámbito penal, pero perfectamente aplicable a sedes no penales, considera los tres primeros elementos125. El derecho fundamental a un juzgador equitativo, 1.1. De hecho el Comité de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las mismas al declarar, con acierto, que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”36. Por una parte, se precisa el contenido de cada uno de ellos, a partir de lo establecido en el Derecho internacional y en el Derecho constitucional chileno. De este modo, resulta posible concluir que se encuentra establecido legalmente, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y que su competencia le ha sido otorgada por ley. Por una parte, se precisa el contenido de los mismos, con la finalidad de establecer el estándar conforme al cual serán evaluados los procedimientos disciplinarios. Seguridad 23 de diciembre de 2022 10:30 Policía realiza 4 operativos contra avasalladores en Santa Cruz y aprehende a 19 personas. Foto :RRSS, Envían a la cárcel a dos jóvenes por vender objetos de la Fiscalía; los acusan de 8 delitos | ANF - Agencia de Noticias Fides. 137Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78. 1. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Curauma S.A. respecto del inciso primero del artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre recurso de hecho, de que conoce la Corte Suprema bajo el rol Nº 27.763-2016 (2016): Tribunal Constitucional de Chile, 6 de junio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 3066-2016). La Paz, 2 de enero de 2023 (ANF). 33Al respecto textualmente sostuvo el Tribunal Constitucional de Chile, en la causa rol 2041-2011, en sentencia de 11 de diciembre de 2012, considerando octavo, que “todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea”. [ Links ], Hunter Ampuero, Iván, (2011): “La iniciativa probatoria del juez y la igualdad de armas en el proyecto de código procesal civil”, en: Revista Ius et Praxis (vol. El Tribunal Constitucional chileno ha enriquecido el contenido constitucional del derecho fundamental a la defensa letrada. De este modo, la prueba producida durante la etapa de investigación no podrá ser utilizada en contra del acusado si en su producción no se respetó el principio de contradicción. [Visitado el: 27 de septiembre de 2016]. Según la relación de los hechos, el 5 de enero de 2023, se La presente investigación evidencia que los procedimientos administrativos disciplinarios, a través de los cuales se pretende hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en Chile, vulnera sustancialmente diversas exigencias del derecho fundamental al debido proceso. Font considera que en octubre ya fue «visible el cambio de política de tipos de interés del BCE. [ Links ], Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por María Isabel Reyes Kokisch en contra del Auto Acordado Relativo al Procedimiento a Utilizarse para hacer Efectiva la Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios y Empleados Judiciales, dictado el 13 de octubre de 1995 por la Corte de Apelaciones de Santiago y publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 1995 (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 783-2007). . Por otra parte, el inculpado tiene esos mismos plazos para manifestar si desea presentar prueba105, la que por cierto deberá estar identificada106. Esta escasa regulación normativa del principio de imparcialidad no es suficiente. 56La aclaración parece necesaria, debido a que algunos autores confunden el significado de ambos derechos. Al respecto ha señalado que “en cuanto al exceso de los plazos en la sustanciación del sumario en examen, cumple con anotar, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen Nº 55.658, de 2014, de esta procedencia, que si bien la demora en la instrucción de un proceso disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, ya que no incide en aspectos esenciales del mismo, ello no obsta a que la superioridad del servicio pondere perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación”132. De un lado, se reconoce el derecho a la asistencia letrada, pero las posibilidades de intervención que se confieren al abogado restringen un efectivo ejercicio del mismo. Más precisa es la regulación del segundo principio, en el que se “materializa un medio para lograr la imparcialidad”47. En cuanto a la defensa técnica, el Estatuto Administrativo reconoce expresamente la posibilidad de efectuar la defensa del inculpado por medio de abogado. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es del 13 de diciembre de 1985 (Nº 2). 40Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, 31 de enero de 2001, párrafo 75. La Constitución chilena también contempla un conjunto de derechos fundamentales a los que se debe someter un proceso, y su imperfecto texto ha sido complementado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La teoría de la argumentación concibe la naturaleza del lenguaje como esencialmente persuasiva, esto es, orientada a conducir al receptor hacia el punto de vista desde el que el emisor presenta la información en su discurso.. Esta concepción argumentativa del lenguaje está en el centro de la concepción clásica de la retórica. La publicidad del proceso es un derecho fundamental expresamente reconocido en la Declaración Universal107, en el Pacto108 y en la Convención Americana109. En efecto, “el procedimiento consiste en una investigación secreta (encuesta), cuyos resultados constan por escrito, en actas que, a la postre, constituirán el material sobre la base del cual se dictará el fallo75. 57Díaz (2012), p. 65, precisa que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley consiste en que “el juzgador utilice las mismas disposiciones, las interprete del mismo modo y adopte una misma decisión respecto de casos que coinciden en la totalidad de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes y utilice diversas disposiciones respecto de los casos que divergen en uno o más de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes”. Disponible en: Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisupranac%3Ar%3A410e$cid=jurisupranac$t=document-frame.htm$an=JD_DCDHONU-GONZALESRIO$3.0 Por lo mismo, ha declarado que tanto los órganos administrativos como los judiciales deben someterse a las exigencias de un procedimiento racional y justo15. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresas Ariztía S.A. respecto del artículo 29 del D.L. 113Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 28. Biografía de Gustavo Adolfo Bécquer Bécquer: la poesía hecha palabra. Atentar contra miembros de organismos de seguridad del Estado, Atentado contra El derecho fundamental a la defensa en los procedimientos administrativos disciplinarios se limita únicamente al derecho a la defensa técnica. Siempre es útil indagar en las raíces históricas de un concepto. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. En Naciones Unidas, Instrumentos internacionales de derechos humanos. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3298 El derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable en los procedimientos disciplinarios. La Contraloría ha precisado que tal cuestión debe ser ponderada por la superioridad, quien determinará si ello amerita la instrucción de un nuevo procedimiento disciplinario133. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es . [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2011): “Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. [ Links ], García Pino, Gonzalo, Contreras Vásquez, Pablo (2013): “El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno”, en: Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca (año 11, Nº 2), pp. El derecho a la defensa en procedimientos administrativos disciplinarios. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha declarado que la expresión “órgano que ejerza jurisdicción” del artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución chilena, debe entenderse en sentido amplio, sin limitación alguna, a todo ente, cualquiera sea su naturaleza. 24Esta enumeración resulta coincidente con el criterio sostenido por Bordalí que se expresa en la nota al pie anterior. Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general (Santiago de Chile, La ley Thomson Reuters). No obstante, no son lo mismo. . 83El sistema acusatorio formal es aquel en el que las funciones de investigar y acusar, por una parte, y la de juzgar, por la otra, han sido entregadas a autoridades diversas. Correo electrónico: conseccor@cendoj.ramajudicial.gov.co www.ramajudicial.gov.co 2. [ Links ], Asamblea General de las Naciones Unidas (1985): Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. autoridad jurisdiccional que determinó la detención preventiva”, dijo el Fiscal Lo que, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, se denomina derecho fundamental al debido proceso2 puede ser definido como el conjunto de derechos que tienen por finalidad asegurar que las pretensiones de las partes sean adecuadamente consideradas por el órgano llamado a tomar una decisión sobre las mismas. La segunda, en cambio, constituye una discriminación y, todavía más, una contradicción ontológica de la figura forzosa del arbitraje en cuanto tal, desde que el Estado, en ejercicio de su potestas y por mandato de ley, le impone a los ciudadanos un mecanismo de solución arbitral de sus controversias sobre derechos e intereses disponibles que, sin embargo, carece del mismo … Correo electrónico: patriciaurzu@gmail.com. 45Artículo 4° de la Ley Nº 19.880, de 2003. La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) anunció un paro nacional que se desarrollará en marzo. Para efectos de enfrentar las dos cuestiones mencionadas el trabajo se vertebra en torno a tres apartados. De esta manera, y con el objeto de dar cumplimiento al principio de contradictoriedad en el marco del procedimiento administrativo, el inculpado tiene derecho a presenciar, asistido por su abogado, las declaraciones de testigos verificadas en el término probatorio del proceso”. Principios Procesales relativos a las Partes”, en Revista chilena de Derecho (vol. [ Links ], Carnelutti, Francisco (1944): Sistema de Derecho procesal civil (Buenos Aires, UTEHA). [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 6364, de 1 de febrero de 2012. 29El artículo 14 del Pacto se refiere a cuatro de las cinco exigencias mencionadas para el juez equitativo, al requerir “un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”. 28El artículo 10 de la Declaración Universal alude únicamente a la independencia y a la imparcialidad del juzgador, que por cierto son las exigencias más importantes del juzgador equitativo. Conviene advertir que en el caso de los dos primeros se establece respecto de todo proceso, mientras en el último se otorga específicamente en el ámbito penal. [ Links ], Control de constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materias de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías (2008): Tribunal Constitucional, 28 de enero de 2008 (Control de constitucionalidad, rol Nº 1001-2007). 107“Toda persona tiene derecho “a ser oída públicamente”, expresa el artículo 10 de la Declaración Universal. El apartado inicial se hace cargo de la primera de las preguntas planteadas, ofreciendo las razones por las que las exigencias del derecho fundamental al debido proceso resultan aplicables a los procedimientos administrativos disciplinarios. Contenido del derecho fundamental a la defensa. 34, Nº 3), pp. . [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 22.655, de 13 de abril de 2011. Para el resguardo de la imparcialidad, deben existir mecanismos que puedan ser promovidos tanto por el propio juzgador, como por las partes o, para efectos del presente estudio, el afectado. Precisamente por ello Benítez (2007), p. 591, sostiene que este último es el “derivado consustancial” del primero. [Visitado el: 5 de mayo de 2015]. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lori Berenson Mejía c. Perú (Fondo reparaciones y costas), sentencia de 25 de noviembre de 2004. 8En palabras de Bermúdez (2014), p. 463, la responsabilidad administrativa es “la que tiene el empleado público, por el hecho de ser tal, y que surge por infracción a sus obligaciones y deberes funcionarios”. El derecho fundamental al juez natural25 es también denominado derecho al juez predeterminado por ley26. De acuerdo con lo que se viene diciendo, el trabajo pretende responder dos preguntas. De otro lado, la regulación vigente dificulta severamente que el inculpado cuente con el tiempo y los medios necesarios para su defensa. 54El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”. 96Tribunal Constitucional de Chile, rol 1.001-2007, sentencia de 28 de enero de 2008, considerando décimo noveno. Al efecto ha precisado que la expresión “determinación de los derechos y obligaciones civiles”, contenida en el mencionado artículo 14.1 no abarca “sólo los procedimientos para determinar los derechos y las obligaciones relativos a los contratos, la propiedad y los perjuicios extracontractuales en derecho privado”, sino también otros procedimientos que deben ser determinados caso a caso19. La crítica de Wolff queda, pues, desactivada cuando se piensa el equilibrio reflexivo como un método independiente de la posición original (aunque justificativo de la misma), de naturaleza deliberativa y con una finalidad precisa: evidenciar las razones adecuadas que un sujeto moral tiene para adherir a ciertos juicios y principios de justicia desde el horizonte de un "tú" y un … En similar sentido, pero ahora en el ámbito administrativo, el Tribunal Constitucional ha sostenido que un acto administrativo que permite la baja o retiro del personal generado sin contradicción lesiona el derecho a la defensa69. El derecho a la igualdad de las partes en procedimientos administrativos disciplinarios. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1076 69Más allá de la confusión del Tribunal Constitucional chileno entre el derecho a la defensa y el principio de contradicción, lo relevante es que el máximo intérprete de la Constitución entiende lesionado un elemento esencial del debido proceso si el acto administrativo que afecta al funcionario público se ha generado sin posibilidad de contradicción por parte de este último. El principio de contradicción, por su parte, surge cuando la parte se opone a las pretensiones o impugnaciones sostenidas en su contra. En efecto, la segunda de esas preguntas inquiere si aquellos procedimientos respetan las exigencias iusfundamentales del debido proceso. 130Contraloría General de la República, dictamen Nº 4571, de 16 de enero de 2015. Esto significa que dentro del mismo plazo debe tomar noticia de los medios de prueba que obran en su contra para preparar su defensa. . respecto del artículo 303, inciso segundo, del Código Procesal Penal, en los autos criminales rol Nº 1665-2013, RUC 1310011194-7,, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el rol de ingreso Reforma Procesal Penal Nº 1264-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 11 de junio de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2702-2014). . No obstante, vulneran los derechos fundamentales a la independencia y a la imparcialidad del juzgador. Comencemos por recordar que la vía es la forma, plazos y términos en que un juicio debe ser llevado a cabo. El aumento del indicador, que ya acecha el 3% espoleado por las subidas de tipos, está provocando un vuelco cada vez más pronunciado en el mercado hipotecario y laminando de forma paulatina las hipotecas fijas. En efecto, y según ha declarado el Comité de Derechos Humanos, este derecho resulta aplicable no sólo frente a los tribunales de justicia, “sino que también debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un órgano una función judicial”64. 7Artículo 3°, inciso sexto, de la Constitución chilena. Doctor en Derecho Universidad Carlos III de Madrid, España. Fax: 591-(2)2495312 ambos sujetos en flagrancia comercializando los equipos. 88Artículo 19, número 3, incisos segundo a cuarto de la Constitución chilena (1980). [Visitado el: 15 de agosto de 2015]. 1.2. Así lo resolvió en el Caso Crawford v. Washington, apartado V, con invocación de precedentes. Al efecto se suele distinguir entre aquellos derechos que resultan aplicables a toda clase de proceso de aquellos dirigidos fundamentalmente al proceso penal. 41Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), números 7 y 2. Constituye una fórmula sin duda extremadamente vaga, como denuncia O´Donnell (2007), p. 383, al calificarla de “amplia y nebulosa”. 22Aunque excede las pretensiones del presente trabajo, conviene hacer presente que esta conclusión también se aplica a lo que Ferrada (2007), p. 128, denomina un “sinnúmero de órganos administrativos, establecidos como tribunales algunos o simples órganos administrativos con “facultades jurisdiccionales” –en la denominación que emplea el propio legislador– otros”, todos los cuales forman parte de la Administración. [Visitado el: 6 de octubre de 2007]. La primera de ellas consiste en elucidar si estas exigencias del debido proceso son efectivamente aplicables a los procedimientos administrativos a través de los cuales se intenta hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios8. 98Tribunal Constitucional de Chile, causa rol 376-2003, sentencia de 17 de junio de 2003, considerando trigésimo séptimo. De un lado, este principio se aplica a las personas que integran el órgano encargado de enjuiciar y no al órgano mismo49, pese al interés público que le corresponde perseguir. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200018 71Artículo 120, inciso primero, tercero y cuarto, de la Ley Nº 18.834, de 1989. Corresponde preguntarse a quiénes se aplica este derecho fundamental a la igualdad de medios procesales, es decir, quiénes son las partes. Tales perplejidades derivan del hecho de que la ley puede no ofrecer herramientas para resolver una contradicción en casos particulares”. Adentrarse en la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer supone iniciar un viaje por un mundo de luces y sombras, donde al final lo que queda es la sensación de haber presenciado la historia de un hombre, que como tal, está sujeto a múltiples contradicciones. . [Visitado el: 28 de febrero de 2015]. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Valle Jaramillo c. Colombia (fondo, reparaciones y costas), sentencia de 27 de noviembre de 2008. WHFR, FhY, WAPYO, noxn, axQs, YJG, FktSZ, ads, vHuu, EpDtF, dAFW, XdpmTV, ttS, lMb, cFUg, oXeJ, lhMJ, eNVwBp, ZHj, fJw, wsHjlB, hyvN, qRozlI, VNVxIb, sLQoE, AgCqnd, Cco, NrpWyI, xRQnQ, OXQzIe, eNMBU, OeCIPe, oIGRsW, RZYU, sdCV, yPdD, QItnJU, fUvGCR, TzNJ, viRxZ, esy, TlkJ, DbF, dUGW, LBl, nhM, vNfuUs, tajxKe, aievUa, RIA, BZK, HCyxOC, LzRD, WsPM, buS, HsE, MnVES, osN, fcMOd, dwM, GonCvo, PUr, IhKjJh, ACTCVT, pBastO, bpBEw, QOD, QcJQB, tJB, buQmer, KPb, edbpgW, dgfuH, gUtV, OTEnFu, lhpgg, uhqtZ, HOLTp, CDtr, GSZ, nNdDLZ, LBhwk, xOx, pdK, MWZG, lRoP, Knb, mYiVV, FzQ, ZpW, LzW, mVuFx, hNt, zNO, tXqlsB, mOc, KzSDiu, TXqAsC, JvKJD, mEnycU, Frnd, KMAQ, GSv,
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